La actividad probatoria en el proceso penal venezolano tiene un marco normativo que se deriva tanto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). En este contexto, la ocupación e interceptación de correspondencia y comunicaciones son temas relevantes por su impacto en los derechos fundamentales de las personas, especialmente en lo que se refiere a la inviolabilidad del secreto de