La responsabilidad patrimonial de la administración pública se refiere a la obligación que tienen las entidades y organismos del estado de indemnizar a los ciudadanos por los daños y perjuicios causados como resultado de su actividad administrativa. Esta responsabilidad se basa en el principio de que la administración debe actuar con diligencia y respeto a los derechos de los ciudadanos, y en caso de que se produzcan daños por actuaciones