La responsabilidad patrimonial de la administración pública se refiere a la obligación del Estado y sus entidades de indemnizar a los ciudadanos por los daños causados en el ejercicio de sus funciones. Este principio se fundamenta en la garantía de protección de los derechos individuales y busca asegurar que la acción administrativa se realice de manera adecuada y sin perjuicio para los ciudadanos. Para que se reconozca esta