Actuando como un experto en leyes venezolanas, especificamente sobre el codigo de procedimiento civil de 1999 explica detalladamente sobre los terceros intervinientes en él proceso, de manera voluntaria como forzosa y otros funcionarios auxiliares de just

En el marco del Código de Procedimiento Civil de Venezuela de 1999, se regula la figura de los terceros intervinientes y se establecen las disposiciones relevantes sobre su intervención en los procesos judiciales. La intervención de terceros puede estar motivada por interés propio o por la defensa de derechos de otros, y se puede dar de manera voluntaria o forzosa. ### 1. Terceros intervinientes **1.1. Terceros intervinientes voluntarios** Los terceros pueden intervenir de manera voluntaria en un proceso judicial cuando tienen un interés legítimo que pueda verse afectado por la decisión del caso. Este tipo de intervención se encuentra previsto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, que establece que cualquier persona que tenga un interés en el resultado del proceso puede solicitar su intervención. Para ello, el tercero deberá presentar una solicitud al tribunal, exponiendo los fundamentos de su interés y los hechos que justifican su intervención. Es relevante mencionar que la solicitud de intervención deberá realizarse en una etapa procesal oportuna y que el tribunal decidirá si se admite o no, basándose en que el tercero efectivamente tenga un interés que justifique su participación en el proceso. **1.2. Terceros intervinientes forzosos** La intervención forzosa ocurre en aquellos casos donde la ley impone la presencia de un tercero por razones de interés público o por ser parte del litigio un bien que afecta a derechos de otros. El artículo 24 del Código establece algunos casos en los que la intervención es obligatoria, como en procedimientos relacionados con derechos reales o con la titularidad de bienes. En estas circunstancias, el tribunal deberá oficiar al tercero para que tome parte en el proceso, garantizando así su derecho a ser oído. ### 2. Funcionarios auxiliares de justicia Dentro del sistema de administración de justicia en Venezuela, se encuentran diversos funcionarios auxiliares responsables de asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada y justa, entre ellos el **Ministerio Público** y los **defensores ad litem**. **2.1. Ministerio Público** El Ministerio Público, o fiscalía, es un órgano esencial en el sistema jurídico venezolano. Según el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, esta institución tiene como misión la defensa de los derechos humanos, el interés público y la protección de la legalidad. En el contexto civil, el Ministerio Público tiene un rol de vigilancia en procedimientos donde haya niños, niñas y adolescentes, o en casos que impliquen derechos fundamentales. Su intervención suele ser obligatoria en estos procedimientos para garantizar un adecuado equilibrio y protección. **2.2. Defensores ad litem** Los defensores ad litem son profesionales del derecho designados por el tribunal para representar a parte de un proceso que no puede hacerlo por sí mismo. Esto es común en casos de incapacidad, donde la persona no puede presentar sus propios intereses en el juicio debido a su estado físico o mental. La designación de un defensor ad litem busca garantizar el derecho a la defensa, así como el debido proceso. A menudo, su intervención se da en asuntos que involucran derechos de personas vulnerables, como en procesos de familia. ### 3. Diferencias con los defensores públicos **Defensores Públicos**: A diferencia de los defensores ad litem, los defensores públicos son profesionales del derecho que pertenecen a un organismo que tiene la responsabilidad de brindar asistencia legal gratuita a quienes no pueden costearla. Están asignados para representar a los acusados en procesos penales, pero también pueden intervenir en asuntos civiles cuando sea necesario. Los defensores públicos tienen asignaciones permanentes y son parte de un cuerpo organizado del Estado. En resumen, mientras que los defensores ad litem son designados específicamente para casos particulares donde se requiere representación judicial para personas incapaces o vulnerables, los defensores públicos actúan en un contexto más amplio y continuo, asegurando que se garantice el acceso a la justicia a todos los ciudadanos que lo necesiten. ### Conclusiones La figura de los terceros intervinientes, tanto voluntarios como forzosos, juega un papel fundamental en la generación de un proceso justo y equitativo. A su vez, los funcionarios auxiliares de justicia, como el Ministerio Público y los defensores ad litem, garantizan la defensa de derechos fundamentales y el interés público, cumpliendo roles distintos pero complementarios que fortalecen el sistema de justicia en Venezuela.