Motivos para decretar situación de desamparo en España

En España, la situación de desamparo se declara cuando un menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad o riesgo que impide su adecuado desarrollo y protección. Esta situación puede ser decretada por diversas razones, las cuales incluyen, pero no se limitan a:

**Abandono**: Cuando el menor es dejado sin el cuidado adecuado por parte de sus progenitores o tutores, ya sea de forma intencionada o accidental.

**Maltrato**: Situaciones de abuso físico, psicológico o emocional por parte de los padres o cuidadores que comprometen la seguridad y el bienestar del menor.

**Negligencia**: Falta de atención básica, como la provisión de alimento, atención médica, educación y cuidado emocional, que pueda poner en riesgo la salud y el desarrollo del niño.

**Problemas de adicción**: Cuando alguno de los progenitores o tutores presenta problemas de adicción a sustancias que afectan su capacidad para proporcionar cuidado adecuado.

**Situaciones de violencia doméstica**: Cuando el menor se encuentra expuesto a situaciones de violencia en el hogar, ya sea como víctima o testigo, lo que puede afectar su desarrollo emocional y psicológico.

**Entorno familiar inadecuado**: Situaciones en las que el hogar presenta un ambiente tóxico o inestable, como problemas económicos graves, conflictos familiares, o la presencia de delincuencia.

**Enfermedad grave de los padres**: Cuando un progenitor o tutor sufre una enfermedad que les impide cuidar adecuadamente del menor.

**Falta de red de apoyo**: En casos donde el menor se encuentre solo y sin el respaldo de familiares o personas cercanas que puedan asegurar su cuidado y bienestar.

La declaración de situación de desamparo implica la intervención de los servicios sociales y, en muchos casos, puede llevar a la tutela del menor por parte de la administración pública o la asignación de un nuevo entorno familiar, ya sea mediante acogimiento o adopción, con el objetivo de asegurar su protección y desarrollo adecuado. Es importante destacar que cada caso es evaluado de manera individual, considerando el interés superior del menor como principio fundamental en la actuación pública y judicial.